Hace meses que el bufete Cremades y Calvo-Sotelo, encargado por el cardenal Omella de auditar los casos de abusos cometidos por miembros de la Iglesia, debería haber presentado los resultados de su informe. En concreto, en febrero de este 2023, que es cuando se comprometió a presentarlos. Pero primero anunció que se demoraría unos meses y ahora, en una información filtrada a su fuente de confianza, "El País", dice que será a finales de año. ¿Por qué esta demora, que, al parecer, tiene enojados a los obispos?
La razón que se presenta más convincente, según fuentes de primera mano, es que el informe está encontrando resistencias entre muchos de los propios obispos, especialmente entre los eméritos (los jubilados). El trabajo puede poner de manifiesto muchas irregularidades a la hora de abordar los casos de abusos, en este mismo siglo XXI. Al parecer, hay diversos casos en los que los obispos (o altos funcionadios diocesanos), llevados de "buena intención", o por amistad con los acusados, o razones similares decidieron no actuar con decisión, o mirar hacia otro lado. Esta actitud es mucho más frecuente en los casos anteriores, del siglo XX, en los que se actuó con laxitud muy generalizadamente -al parecer, según el informe-, lo que, por otra parte, en aquellos momentos era lo habitual en otras instancias de la sociedad. No se sabía muy bien cómo afrontar este problema y se optaba por trasladar al culpable de sitio. Nada nuevo. Nada nuevo, pero aquella actitud habitual en sus momento ahora es denostada a la luz de los nuevos protocolos de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal. Es posible que la mayoría o muchos de los que hoy son obispos eméritos tengan algún caso de este tipo.
Un informe así, quizá podría en tela de juicio, justa o injustamente, a la mayoría de los obispos eméritos, y más de uno de los que están en activo.
De ahí, quizá, las presiones para modificar el informe Cremades.
Un informe que, por otro lado, al parecer, se limitará a ofrecer cifras de casos concretos, evitando las extrapolaciones. En el caso de Francia, por ejemplo, esas cifras imaginarias, calculadas a partir de los datos reales, son las que más polémica han suscitado, porque multiplican los posibles casos de abusos. Es evidente que son las cifras que publicó la prensa. Decir que pudo haber en 70 años 330.000 víctimas es mucho más sustancioso que decir que solo se han podido demostrar la tercera o cuarta parte de los casos. Cabe imaginarse la felicidad de "El país" si se pudiesen ofrecer cifras de cientos de miles, tras el fracaso de su "investigación", tan intensa como chapucera y decepcionante.
Por otro lado, el bufete cremades se ha tomado en serio su trabajo, aunque los resultados lleven un retraso de meses, incumpliendo plazos. El propio Javier Cremades se ha implicado en la investigación, acompañando las entrevistas con numerosas víctimas.
Por otro lado, para la realización del informe el bufete ha fichado a numerosos profesionales, alguno de los cuales no destaca precisamente por su sintonía con la Iglesia (Juan Luis Cebrián, quizá la persona que más ha hecho en bastantes años contra la Iglesia en españa desde su atalaya en "El País", o Manuela Carmena). Quizá ellos, a pesar de su perfil, paradójicamente pueden ayudar a dar mayor fiabilidad al informe, por esa misma razón: por su distancia respecto de la Iglesia.
El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos posiblemente anunciado para esta semana, al final, se hará público antes del de Cremades. Algunos expertos consideran que no se espera gran cosa, pues la falta de medios del Defensor del Pueblo le ha impedido llevar a cabo una investigación profunda
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