El pasado 8 de septiembre, el sacerdote Osman José Amador Guillén fue detenido en la catedral de Estelí, Nicaragua, tras pronunciar en una misa: “Viva la Iglesia Católica y viva monseñor Rolando Álvarez”. Según informes de medios disidentes y fuentes anónimas citadas por La Prensa, Guillén, quien es párroco de la diócesis de Estelí y ex director de Cáritas diocesana, fue trasladado a Managua por la policía antimotines.
Guillén originalmente prestaba servicios en Wiwili-Nueva Segovia pero fue reubicado a Estelí durante una redada en las instalaciones de Cáritas. Esta detención marca un nuevo episodio en la tensa relación entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica. En los últimos meses, al menos siete sacerdotes han enfrentado el exilio forzado, siendo prohibidos de reingresar a Nicaragua.
La abogada Martha Patricia Molina, quien vive en el exilio, denunció en redes sociales que las autoridades de migración “no brindan explicación jurídica de esta arbitrariedad”. Molina señala que los sacerdotes han sido objeto de ofensas y amenazas de muerte por parte de las autoridades, haciendo del exilio una práctica común para el clero.
Entre los sacerdotes que no han podido reingresar al país se encuentra Mauricio Valdivia Prado, director del Colegio Calasanz en República Dominicana, quien fue detenido al volver de ese país. El año pasado, también se suspendió la residencia a dos padres escolapios, forzándolos a abandonar Nicaragua. Además, otros sacerdotes, como Eladio Sánchez y Tomás Sergio Zamora, han sufrido restricciones similares al intentar regresar de viajes internacionales.
La detención del padre Guillén y los exilios forzados de varios sacerdotes reflejan la creciente tensión entre las autoridades nicaragüenses y la Iglesia, agravando la crisis de derechos humanos en el país.
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