El País ha entregado un quinto informe sobre los abusos en España. El documento ha sido enviado a la Conferencia Episcopal, al Vaticano y al Defensor del Pueblo, e incluye 87 casos nuevos.
Según el diario de Prisa, el porcentaje de eclesiásticos acusados supone un 1,3% del total del clero. El dato es muy interesante, pues en las investigaciones llevadas a cabo en el resto de países ese porcentaje ha estado entre el 4% y el 7%.
Sería interesante analizar por qué los clérigos españoles han abusado dos tercios menos que los de cualquier otro país. ¿Había en España alguna circunstancia social, o eclesial, que pudiera influir en este resultado? ¿Estaban los sacerdotes españoles mejor formados? ¿Eran más santos o virtuosos? Dejaremos estas preguntas para otro momento.
Aunque es innegable la tragedia de los abusos en la Iglesia -también en España- lo cierto es que, según los últimos datos disponibles, sólo el 0,45% de las denuncias de abusos sexuales a menores pertenecen al ámbito de la Iglesia (lo que incluye laicos y religiosos, no sólo sacerdotes). Son datos de la Fiscalía General del Estado: de los 15,000 casos abiertos en 2022, solo 68 pertenecen al ámbito de la Iglesia.
Parece claro que el problema de los abusos no es un problema generalizado en la Iglesia, es más, es una institución que genera una enorme confianza entre los padres, como puede verse en el hecho de que hay 2.500 colegios católicos en España. Únicamente tienen problemas porque el Estado trata de ahogarlos financieramente (no cubriendo el 25% de la escolaridad en el concierto y prohibiendo el acceso a estos centros si no se cubren antes las plazas de la enseñanza pública).
Desde hace varios años El País ha iniciado una campaña de denuncia de la pederastia en la Iglesia, que ha sido decisiva para que la Iglesia investigara y entonara el mea culpa. También hay que reconocer que la estrategia y transparencia de la Iglesia no han sido las deseadas.
Ahora bien, lo que es cada vez más llamativo es el empeño de El País por exigir cuentas a la Iglesia y olvidarse de las víctimas del 99,5% de los casos de abusos. Lo mismo puede decirse de los políticos españoles y del Defensor del Pueblo, empeñados en no buscar justicia con tanto empeño para la inmensa mayoría de las víctimas.
El hecho de que el Congreso de los Diputados encargara al Defensor del Pueblo una investigación sobre abusos en la Iglesia y no la ampliara a otros ámbitos es una vergüenza para la democracia. El silencio de El País sobre este punto, refleja claramente el poco interés qué tiene por las víctimas de abusos y el gran empeño que tiene en denigrar a la Iglesia.
En los últimos meses unos ciudadanos anónimos, que se hacen llamar el colectivo Sergio Gámez, colaron un caso a El País y al Defensor del Pueblo, demostrando que no investigaban a fondo los casos que recibían en su correo electrónico y poniendo en duda el rigor de la investigación.
Hace dos semanas el mismo colectivo sacó a la luz un segundo caso falso.
No pretendo decir que haya muchos casos falsos en la “investigación”, pero lo cierto es que el diario de Prisa no parece tener la transparencia que exige a la Iglesia a la hora de clasificar los casos. En sus informes tienen el mismo valor un caso con sentencia judicial en firme, un sacerdote denunciado por muchas personas durante muchos años y una acusación por mail sin ningún tipo de contraste. Eso no es serio y es muy injusto con las verdaderas víctimas.
El hecho de que El País no haya reconocido sus fallos y limitaciones, muestra cómo las instituciones -ya sea la Iglesia, o un medio de comunicación- son frágiles y tienen malas prácticas.
Lo que hay que ver es quiénes han pedido perdón -y tratan de rectificar- y quiénes desprenden una superioridad moral que las incapacita para ver el poco interés que tienen por la verdad y la reparación de las víctimas, sean del ámbito que sean.
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