La Conferencia Episcopal Española, a través de su secretario, García Magán, ha manifestado serias dudas sobre la metodología y la fiabilidad de una encuesta pública reciente relacionada con los abusos sexuales en instituciones religiosas y seculares. En una entrevista concedida a ABC, Magán expresó su preocupación por las extrapolaciones hechas a partir de los datos de la encuesta, argumentando que estas podrían no ser precisas o adecuadas.
Según Magán, el propio autor de la encuesta y el Defensor del Pueblo han reconocido que dichas extrapolaciones no son apropiadas. Además, al dividir el número total de supuestas víctimas por la cantidad de sacerdotes y religiosos que han servido en España durante el período estudiado, las cifras resultan inverosímiles. La Iglesia aporta que en el período de tiempo analizado hubo 110.000 sacerdotes y religiosos en España, lo que implicaría una media de cuatro víctimas por consagrado, una cifra que la Conferencia Episcopal considera absurda.
La Conferencia Episcopal también ha señalado la falta de transparencia en el manejo de los datos de la encuesta. A pesar de ser un estudio financiado con fondos públicos, la Iglesia afirma que sus solicitudes de acceso a los datos completos y la metodología empleada, incluyendo las preguntas de la encuesta y los márgenes de error, han sido denegadas. Según Magán, incluso el Defensor del Pueblo se ha negado a proporcionar esta información, sugiriendo que la Conferencia recurra a la Audiencia Nacional para obtenerla.
Información adicional obtenida por ABC indica que los datos completos de la encuesta pintan un panorama menos crítico para la Iglesia que el resumido en el informe del Defensor del Pueblo. Se sugiere que la incidencia de abusos en centros católicos es considerablemente menor que en otras instituciones. Además, la encuesta revela que el entorno familiar es el principal escenario de abusos sexuales, pero en las familias que se identifican como católicas, la incidencia es menor que la media.
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