El informe sobre abusos en la Iglesia Católica, entregado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, incluye una encuesta efectuada por GAD3, tal y como ha informado InfoVaticana. La realización de este estudio ha supuesto una inversión de 35.000 euros, exento de IVA, y se ha llevado a cabo siguiendo los protocolos estándar de licitación pública. El gabinete de prensa del Defensor del Pueblo confirmó que los fondos para cubrir este gasto provienen de los presupuestos ordinarios de la institución, cuya liquidación se presenta anualmente ante el Congreso y el Senado para su aprobación.
El documento presentado, que alcanza las 800 páginas, se destaca por la inclusión de una encuesta a más de 8.000 individuos, que revela que un 11,7% de los participantes aseveran haber sido víctimas de abusos sexuales antes de la mayoría de edad. El estudio detalla que un 3,36% de estos abusos tuvieron lugar en el entorno familiar, aunque este aspecto no fue el foco central de la investigación, ni ha sido destacado por el Defensor, quien ha preferido hacer hincapié en el número de abusos solamente en la Iglesia Católica.
GAD3 también concluyó que un 0,6% de los encuestados fueron agredidos sexualmente por miembros del clero católico y un 1,13% indicó que los abusos se produjeron en contextos religiosos, por laicos o personas de otros credos religiosos. A pesar de la cautela expresada por Gabilondo respecto a las extrapolaciones, medios destacados como El País han publicado que en España podrían existir cerca de medio millón de víctimas de abuso.
El Cardenal Juan José Omella, en una rueda de prensa reciente, denunció la manipulación de los datos de la encuesta por algunos medios, señalando un desconocimiento general sobre la metodología y las preguntas específicas del sondeo. Omella cuestionó la intención detrás de la divulgación de cifras que considera inexactas. En consonancia, el obispo auxiliar de Toledo, García Magán, señaló que una extrapolación desmesurada sugeriría que existen hasta 4 millones de afectados por abusos en el país, una afirmación que califica de "barbaridad".
Ambos prelados han solicitado al Defensor del Pueblo mayor transparencia sobre el procedimiento de muestreo y las técnicas utilizadas en la encuesta, que presenta un margen de error del 1%. Estas críticas emergen en un contexto de sensibilidad y controversia, mientras la sociedad española procesa las implicaciones del informe y la veracidad de las cifras que continúan generando debate.
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